PUEBLOS INDÍGENAS PODRÁN ACCEDER A SU DERECHO A LA NACIONALIDAD COSTARRICENSE

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Proyecto de ciudadanía indígena se aprobó en segundo debate por decisión unánime.

img-noticia-Voceros y Vovceras de la comunidad Ngöbe-Buglé de Sixaola en foro en la Asamblea Legislativa

Voceros y Voceras de la comunidad Ngöbe-Buglé de Sixaola en foro en la Asamblea Legislativa

El pasado 2 de julio la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza, expediente N° 20 554. En esta decisión participaron 42 diputados y diputadas, quienes votaron de manera unánime.  

Esta ley tiene por objeto, crear y regular un procedimiento especial, para dotar a la persona indígena transfronteriza de un acceso pleno a su derecho a la nacionalidad costarricense. La aplicación de la misma se dará bajo los principios de integración de las personas indígenas a la sociedad costarricense, fomento de vínculos permanentes, fortalecimiento de nuestra cultura indígena y defensa de los Derechos Humanos.

Eusebio Julián, indígena Ngöbe de Sixaola y asesor cultural de la comunidad asegura que esta decisión representa un gran paso para la población y viene a solventar algunas de las violencias a las cuales han estado sometidos y sometidas durante años.Eusebio Julián, indígena Ngöbe de Sixaola, comparte lo que representa esta ley para la comunidad.

PROYECTO SURGE A PARTIR DEL VÍNCULO UNIVERSIDAD-COMUNIDAD

Este proyecto surge en el año 2016 como parte del curso de Políticas Públicas y Ciudadanía del énfasis de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), a cargo del profesor José María Villalta. En este periodo, los y las estudiantes realizaron un diagnóstico con la comunidad Ngöbe Buglé de Sixaola en el cual, identificaron 3 conflictos fundamentales: acceso a salud, empleo y ciudadanía.

A partir de esto, desde la ECCC y en conjunto con un grupos de asesores y asesoras culturales de la comunidad se pensó en la necesidad de un proyecto de ley que, por medio de la ciudadanía, contribuyera con la mitigación de muchas de las violencias sociales a las que se enfrentan. Estos esfuerzos se gestaron a través del proyecto de acción social “Comunicación social y comunidad: aprendizaje y acción para el cambio en procesos comunitarios” (ED-3341).

“Lo más importante es que la U sirvió como un canal para que la población exigiera esta ley que, aunque no es garantía de que ahora sus derechos sí se van a cumplir, representa un gran paso para la comunidad”, indicó Amanda Murillo, estudiante de Comunicación Social. 

En 2017 la comunidad Ngöbe de Sixaola presentó el proyecto por medio de un foro en la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial en el cual, el presidente de turno Luis Guillermo Solís y los y las diputadas se comprometieron a dar seguimiento y acelerar el proceso de aprobación.

Con el cambio de gobierno y ante la preocupación de que no se diera seguimiento al proyecto, otros cursos como Comunicación y Comunidad y Comunicación y Poder, trabajaron por medio de talleres en Sixaola e impulsaron la realización de la consulta indígena en apoyo a la Asamblea Legislativa. 

En los casi 4 años de labor conjunta, diversos actores se han comprometido y hecho posible el avance y posicionamiento del tema en la agenda pública. Entre estos destacan los y las estudiantes, docentes como Laura Chinchilla, Allan Monge, Yanet Martínez, Margarita Salas, Priscilla Quirós y los ex diputados Enrique Sánchez y José María Villalta. 

“La importancia de que como universidad nos hayamos involucrado en el proceso radica en que acá se cuentan con los recursos necesarios para articular los esfuerzos de diversos actores. La universidad, como actor comprometido con que se hicieran cumplir los derechos de esta población, fue el espacio de encuentro para muchas personas que conocían la situación y querían hacer algo al respecto”, indicó Murillo. 

Desde la UCR el compromiso con la comunidad continúa vigente y se trabajará en otras iniciativas orientadas al cumplimiento pleno de los derechos de esta población.

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